Tengo en la estantería un curioso libro que consulto a menudo y que al cerrarlo siempre me deja un regusto amargo. Se trata de “Caídos por Dios y por España”, editado en 1951 por la Jefatura del Movimiento de Navarra. Contiene los listados, pueblo a pueblo, de los más de 4.000 muertos en los frentes de batalla. Son los mártires de la Cruzada.


La sangre sobre la que se sustentó el régimen franquista durante cuarenta años. Recibieron muchas medallas y honores y pocas indemnizaciones, porque eran muchos y no había dinero. Ayer tan loados, hoy nadie se acuerda de ellos. Son los parias de la Historia.

Ni siquiera se tiene en cuenta que en esos listados hay muchos, la mayoría quizás, que fueron alistados forzadamente, unos en Falange, otros en Requeté y la mayoría en su quinta.
Nadie que los aplaudió en su momento los reivindica hoy día. Están en el limbo de la Memoria y mucho me temo que seremos las asociaciones memorialistas del bando republicano las que al final tengamos que recomponer su memoria y liberarla de la sobrecarga que les impuso el franquismo.

Me he acordado de ellos al ver el protagonismo que están tomando últimamente los familiares de los 43 muertos, militares en su inmensa mayoría, ocasionados por ETA y otras organizaciones armadas en Navarra. Es comprensible el dolor de dichas familias y su derecho al duelo, pero muy cuestionable la gestión que hacen de su condición de “víctimas”.

No está mal recordar que nunca jamás, ni los caídos con las derechas en la guerra del 36, ni mucho menos los fusilados durante y después del franquismo, ni siquiera en los casos de asesinato más flagrante, han recibido ni de lejos las indemnizaciones, prebendas, sinecuras y beneficios de todo tipo que han recibido estos años las llamadas “víctimas del terrorismo”, incluidos ¡oh paradoja!
los servidores de la dictadura franquista.

La democracia española es la única del mundo que no reconoce a los muertos que lucharon contra la dictadura, Txiki y Otaegi por ejemplo, y honra e indemniza a sus servidores, Carrero Blanco por caso. No entraré ahora a cuestionar esas compensaciones, simplemente dejo constancia del abismal e insultante agravio comparativo.



Y no es de recibo ese pretendido derecho que esgrimen para intervenir como lobby en la política, ocupando las posturas más intransigentes, antidemocráticas y hasta inhumanas, exigiendo cómo se debe tratar a las otras víctimas, a los presos enfermos, a los partidos políticos que no piensan como ellos, a los gobiernos que no les dan todo cuanto piden. Identificarse con la política más ultramontana, en nombre de los caídos, es un flaco favor a sus propios deudos porque, estoy convencido, cuando un día ya no interesen sus demandas a determinados poderes, acabarán en el mismo limbo olvidado que los gloriosos mártires del 36. Al tiempo.

Además quieren imponernos a todos una memoria de piojo. Nadie con dos dedos de frente ignora que el fenómeno ETA, como el FRAP, el Grapo y otros más, surgieron por la existencia previa del una larga dictadura. Fueron consecuencia no causa.

Y que una Transición tutelada por el franquismo dejó fuera muchas reivindicaciones que se siguieron demandando, (acertadamente o no, eso ya es otra discusión) por la vía armada. La brutalidad represiva del nuevo régimen, que nada tuvo que envidiar a la del franquismo, alimentó la hoguera. A la tortura, simplemente, nos remitimos.

Pero además, aparcando la escarda que hicieron en el 36 y fijándonos sólo en una Navarra con ETA ya funcionando, hay que recordar que antes de que mataran al primero de ellos, el comandante Imaz, la policía española había matado a tiros, sólo en este territorio y entre 1961 y 1977, a 16 personas; cinco más el Ejército y dos los paramilitares. Unos a tiros, otros en la tortura, otros a bombazos. Veintitrés muertos que nunca son recordados por la Fundación Tomás Caballero, ni constan en el calendario recientemente repartido por el periódico que en Navarra, no lo olvidemos, editó el Bando criminal de Mola. Y a pesar de ser la mayoría de ellos luchadores antifranquistas, jamás han tenido indemnización ni reconocimiento alguno como víctimas de una dictadura que llevaba más de tres décadas matando. Es después de estas 23 muertes cuando comienza el famoso listado de los 43, alternándose con una larga lista de nuevas violaciones de derechos humanos por parte de los aparatos del Estado, de los cuales los asesinatos de Gladys, Germán, Zabalza o Berrueta son los casos más sangrantes.

Mientras sigan sin indemnizarse a las víctimas del 36, las de 40 años de franquismo y las docenas de muertos a partir de la Transición, los familiares de las 43 víctimas seguirán recordándonos las dos varas de medir que la justicia española ha tenido y tiene en esta tierra. 

El derecho a la memoria y a la reparación es de todos, y pierde toda su credibilidad quien lo monopoliza.

Y mientras amparados en una veintena de fundaciones bien nutridas, unos familiares pueden insultar, zaherir, poner etiquetas y decir barbaridades, otros tienen que callar para evitar que caigan sobre ellos anatemas por apologías al terrorismo o por presuntas “ofensas a las víctimas”, último artilugio para que nadie pueda denunciar sus desbarres y oponerse a su discurso de odio y de venganza.

La reciente petición de dos años y seis meses de prisión a una joven por meterse en twitter con Carrero Blanco, supone el hazmerreír de la democracia y el total descrédito de las asociaciones de víctimas que lo han posibilitado. Otros dos años de cárcel, amén de otras gabelas, piden a tres “seleccionados” entre los cientos de vecinos que desde hace 30 años hacemos un brindis en fiestas de Tafalla con los familiares de los presos. En estos momentos hay más condenas por “apología del terrorismo” que cuando funcionaba ETA, un buen indicador del concepto de libertad que nos ofrecen.

Nunca creímos el cuento exclusivista de los Caídos por Dios y por España. Tampoco el de los caídos “por la libertad y la democracia” que con palo y zanahoria quieren imponer ahora. Por la libertad y la democracia, ese sí, murió Jose Luis Cano en una calle de Iruñea y como él cientos más. No nos confundieron entonces. No nos van a confundir ahora.

Por Jose Mari Esparza Zabalego (Editor)